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Las detenciones de buscan imponer el silencio, dice Espacio Público

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El cuarto mes del año cerró con 43 casos que suman 110 violaciones a la libertad de expresión, entre las que se repiten de forma más frecuente la intimidación, censura y las restricciones administrativas.

Las víctimas en su mayoría son periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa y del lado de los victimarios este mes, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado venezolano y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro figuran como los principales responsables.

Con la suma de abril se acumulan 442 violaciones al derecho, entre las que destacan 25 detenciones a periodistas y ciudadanos, número que evidencia la radicalización de los ataques en contra de quién realiza la labor de buscar, recibir y difundir información sobre todo en un contexto de pandemia.

25 detenciones en un mes

La mayoría de las detenciones fueron arbitrarias, con mayor frecuencia contra ciudadanos que comentaron en redes sociales, y en el caso de periodistas, por la publicación de información referente al COVID-19.

Uno de estos casos es el de la bioanalista del hospital Pedro Emilio Carrillo, Andrea Sayago, quien fue detenida por funcionarios del Sebin por advertir sobre casos de COVID-19 en la entidad, el pasado sábado 4 de abril.

La detención ocurrió después de que Jacqueline Peñaloza, presidenta de Fundasalud Trujillo y esposa del gobernador de la entidad, acusara a través de su cuenta en Instagram a la bioanalista de violar secreto médico.

Después de presentarla ante Tribunales, a la bioanalista se le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario, fue imputada injustamente por los delitos de «traición a la patria e instigación al odio».

Se hostigó a la prensa libre

En otro hecho, funcionarios de la Policía Regional de Yaracuy (Poliyaracuy), detuvieron el 18 de abril al abogado y defensor de derechos humanos, Iván Virgüez, luego de que criticara a través de la red social Facebook, las medidas de aislamiento que el gobernador, Julio León y la alcaldesa Carmen Victoria Suárez aplican a los migrantes que regresan al país.

Su audiencia fue realizada a altas horas de la noche, y al finalizar le impusieron arresto domiciliario y la prohibición de hablar u opinar sobre asuntos del Estado, imponiendo censura previa y limitando su derecho a expresarse.

Otro caso que destaca es el del periodista Eduardo Galindo Peña, detenido por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), quienes le solicitaron que les acompañara para que ofreciera declaraciones sobre contenido publicado en su portal web. La detención fue realizada sin ningún tipo orden de allanamiento ni orden de aprehensión, tampoco contó con la presencia de ningún fiscal, lo que viola el debido proceso.

En medio de la pandemia, funcionarios de la PNB detuvieron al coordinador de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, la noche del lunes 6 de abril, cuando recibía insumos médicos en su residencia en la urbanización San Bernardino, Caracas.

En el estado Portuguesa, funcionarios de la GNB detuvieron al concejal Heddye Antonio Cristancho, por grabarlos mientras vendían gasolina a los ciudadanos que hacían la cola en estación de servicio Cuatricentenaria, en la zona sur de Guanare, el pasado 22 de abril.

Cuarentena sin emisoras

Conatel lleva adelante medidas que limitan la pluralidad y restringen el derecho consagrado en la Constitución Nacional que garantiza que todos los venezolanos puedan acceder a la información utilizando la opción de su preferencia. Un ejemplo de esto es el cierre de la emisora Kariñosa 106.1 FM, ubicada en el municipio Guanipa del estado Anzoátegui, fuera del aire desde el pasado 7 de abril por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Según el testimonio de Efraín Arocha, director de la emisora, un supuesto procedimiento de rutina se prolongó siete horas. Luego uno de los funcionarios, que regresaría con unos documentos, llegó al sitio con efectivos de la GNB, alegando que la emisora estaba funcionando de manera clandestina, motivo por el cual la cerraron y confiscaron todos sus equipos.

Mérida tambien se vió afectada con la baja de dos emisoras radiales: Rumberísima 91.9 FM y ULA 107.7 FM quienes quedaron fuera del aire luego de que las constantes fallas en el servicio eléctrico quemaran sus equipos de transmisión, reseñó en nota de prensa la ONG Espacio Público.



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