Darío Graffe, dirigente político en el municipio Roscio del estado Bolívar , señaló que el Arco Minero del Orinoco «no es más que una devastación del pulmón vegetal que pone en peligro latente a las comunidades y expone a la biodiversidad en la zona».
Son más de 111 kilómetros cuadrados de territorio expuestos al peligro de un ecocidio ambiental, reiteró Graffe. Esto a consecuencia de un proyecto ambicioso que para los pueblos del sur de Bolívar ha traído masacres.
«Más de 150 empresas transnacionales con procedencia muy rara para la explotación minera en la zona, no tienen ningún tipo de responsabilidad social con nuestra gente y más con nuestro pueblo. Cuando extraen de esta zona, más de 150 kilogramos de oro mensual, se desvían y no se sabe a dónde van a parar», explicó.
«Urge un parado de inmediato ante esta depredación ambiental. Hoy el Parque Nacional Canaima se encuentra perforada y devastada por la minería irracional. Se ha logrado la migración de nuestras comunidades indígenas. Luego de la ejecución de este proyecto, poblaciones del Alto Paragua y comunidades aledañas se han visto afectadas por los daños irreparables de la minería ilegal».
Graffe precisó que actualmente hay poblaciones de Guasipati, El Callao y Tumeremo que tienen ocho años sin servicio de agua.
No existe minería sustentable y ecológica
Luego de decretarse la resolución N-0010, a finales de abril y firmada por Nicolás Maduro, los principales afluentes del estado Bolívar comenzaron a verse muy afectado por esta decisión, ya que permiten balsas mineras, en los ríos Orinoco, Caura, yuriari y cuyuni, afectando la política ambiental de la zona, sobre la Ley de Minas, el partido considero consideró que «no es el momento oportuno mientras la democracia de nuestro país hoy esta en jaque, pero si, por supuesto que se debería de abrir un debate amplio a lo interno y externo e incluir a los Ciudadanos y poblaciones con la vocación minera de nuestro estado».
