El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por imponer vía Boletín Oficial del Estado unas instrucciones de obligado cumplimiento que conllevan el confinamiento parcial de casi 5 millones de madrileños. Los habitantes sometidos a ello son los de Madrid capital y los municipios de Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.
Mientras el Gobierno regional escucha y se niega a cumplir la medidas. A su juicio, no se adoptó por consenso, por lo que «no tienen validez jurídica», reseña el ABC.
Desobediencia madrileña
En nombre del Ejecutivo autonómico, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apelaba al reglamento del consejo interterritorial -y su exigencia de consenso- para justificar su desobediencia a las normas.
En enfrentamiento abierto, acusan al Gobierno de España de «tener prisa por intervenir Madrid, y no por luchar contra el virus».
Sostiene que en caso de que el Gobierno Central las oficialice, se valoraría desde la Abogacía General de la Comunidad las acciones a emprender. Que podrían incluir la petición de medidas cautelares al juez, para frenar el cierre de Madrid hasta que hubiese pronunciamiento.
