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HRW advierte que hacinamiento de retornados propaga el COVID-19

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Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que «las autoridades venezolanas someten» a los cerca de 130.000 migrantes retornados al país provoca el incremento de la transmisión del COVID-19. Así lo denunció este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).

Ello se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins. Se instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de los retornados en el próximo encuentro del Proceso de Quito.

En su informe, ambas instituciones detallan que hallaron «condiciones insalubres y de hacinamiento» en los centros donde se «obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica».

A muchos de los retornados «se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena» durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Y, cuando han protestado, han sido amenazados, reseña EFE.

Al respecto, la doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page, afirmó que «enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19«.

Del Proceso de Quito forman parte doce países de América Latina. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Naciones que buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.

Intervención de la ONU

HRW insta a los países que forman parte del proceso que «soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención. Para así formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud».

También a que exhorten «a las autoridades venezolanas a permitir acceso irrestricto a actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros» donde permanecen los retornados.

Por otra parte, HRW explica que muchos venezolanos no tienen estatus legal regular en los países donde viven. Por lo que a menudo carecen de acceso a atención médica y otros servicios como pruebas de detección de COVID-19 o tratamiento para esa enfermedad.

Pese a que en algunos países, como Perú, Ecuador y Colombia, indican haber incluido en los servicios de salud a refugiados y migrantes cuyas pruebas dan positivo o quienes se sospecha que tienen COVID-19, esos servicios no alcanzan a quienes tienen un estatus migratorio irregular.

Señala que, por ello, miles de venezolanos que están volviendo a su país de origen. Lo hacen incluso a pie, de la misma forma como antes huyeron.

Maduro limitó ingreso de retornados

Finalmente, denuncian que el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas. Dependiendo del lugar, y en algunos cruces sólo permite el ingreso tres días en la semana.

«Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras. Con escaso distanciamiento social», concluyen.

Por todo ello, explican que los trabajadores humanitarios prevén que la cantidad de venezolanos varados en el lado colombiano de la frontera llegue a miles de personas. A medida de que las autoridades colombianas levanten las restricciones de viaje dentro del país.

Del otro lado, las autoridades de Colombia también anticipan que, con la futura reapertura de la economía colombiana, es probable que cerca de 144.000 venezolanos vuelvan a instalarse en ese país. «Sobre todo, considerando que Venezuela sigue atravesando un contexto de inestabilidad económica y política».



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