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Caminantes sufren abusos de los cuerpos de seguridad – Noticias de Venezuela y el Mundo

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El Tiempo indica que Venezuela experimenta desde hace al menos seis años un éxodo masivo de población, como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país y que ha conllevado a la agudización de la crisis económica, política y social, con un acelerado deterioro de la calidad de vida, especialmente hacia los sectores más vulnerables.

Las personas buscan salir de Venezuela huyendo de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Hasta diciembre de 2019, organismos internacionales calculaban el éxodo venezolano en unos 4,5 millones de personas, a octubre de 2020 la cifra se disparó y algunos cálculos indican que pudiese llegar a los 7 millones para final de año.

Ante el cierre de la frontera como medida sanitaria por el COVID-19 los principales puntos de salida de esta ola migratoria en plena pandemia son los cruces fronterizos que comunican a Venezuela con Colombia y Brasil, territorios controlados por grupos armados irregulares dedicados a actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, cultivos para la producción de estupefacientes, sicariatos, secuestros y extorsiones.

Con este escenario, las restricciones asociadas a la cuarentena fueron detonante de una situación ya de por sí caótica. Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y el sur del Caribe, principales países de acogida de la migración venezolana, fueron impactados por los embates de la pandemia, de allí que los venezolanos en esos países quedaron expuestos a situaciones de indefensión, sin techo, sin oportunidades de trabajo para atender sus necesidades de alimentación y en medio de una crisis de salud sin precedentes.

Aproximadamente 130.000 venezolanos optaron por regresar a su país en condiciones aún más precarias de las que tenían cuando se fueron. Caminaron largos trechos hasta llegar a la fronteriza ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Pero su estadía fue corta, pues la hiperinflación, las escasas posibilidades de insertarse en algún empleo estable y el marcado deterioro de los servicios básicos –en algunos estados incluso inexistentes– los empujó de nuevo a la frontera, animados además por la reactivación económica que comienza a darse en algunos países vecinos, como Colombia.

La paralización del transporte de pasajeros por la falta de combustible y las restricciones debido a la cuarentena por coronavirus no ha impedido que familias completas, mujeres embarazadas, niños e incluso personas de la tercera edad emprendan su viaje a pie desde el oriente, el centro y los Llanos hasta la frontera, recorridos que toman días en busca de una salida a su situación desesperada.

Huyendo de la violencia

Karina Mendoza tiene tres hijos que dejó al cuidado de su mamá enferma en el estado Barinas para irse caminando hasta Cúcuta (Colombia) en busca de oportunidades que le permitan obtener los recursos necesarios para alimentar a sus hijos de 10, 13 y 14 años y proporcionarle las medicinas a su madre discapacitada. Hace nueve meses, grupos armados que operan en Barinas asesinaron al padre de sus hijos, relató Mendoza a activistas de FundaRedes.

En medio de la noche, José Febres y su familia llegaron a San Cristóbal (Táchira) luego caminar tres días desde Maracay (estado Aragua), a unos 780 kilómetros de distancia; su destino era Cali (Colombia), por lo que aún les esperaban 997 kilómetros de recorrido.

Durante su marcha por las carreteras los caminantes se ven expuestos no sólo a la deshidratación, la falta de alimentos y los riesgos de dormir a la intemperie, sino a extorsiones y abusos de parte de funcionarios de cuerpos de seguridad apostados en puntos viales y puestos de control, y grupos armados irregulares que también condicionan el paso de los migrantes. FundaRedes ha documentado casos de este tipo de vulneraciones, especialmente la situación de las mujeres.

Es el caso de Katherine Villegas y Enjory Sosa, quienes iniciaron el recorrido a pie desde Charallave, estado Miranda, el día 10 de octubre. Mientras descansaban sus pies adoloridos y saciaban el hambre y la sed acumulada por horas relataron que cuando caminaban entre Barinas y Táchira fueron retenidas por efectivos de la Guardia Nacional: “Les dimos los únicos dos dólares que traíamos, era con lo que estábamos comiendo” dijeron. Es la segunda vez que ambas mujeres hacen este recorrido: “Estábamos paradas por la pandemia y nos tocó devolvernos”, agregó Villegas. Iban camino a Bogotá a retomar los contactos laborales que lograron consolidar durante su primera aventura migratoria.

“Nos preguntan si llevamos dólares o pesos, ya los bolívares no los quieren. No es que lo pidan, es que nos lo quitan. Empiezan a requisar el bolso y al conseguir la plata se la llevan, y ¿cómo les dice uno que no si lo que queremos es seguir para adelante?”, declaró al periódico digital Frontera Viva un hombre que viajaba con su familia, incluidos niños, cuando llegó a “El Paso Andino”, a unos 20 kilómetros de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, luego de caminar durante cinco días desde San Carlos, estado Cojedes.

“Cuando llegamos a las alcabalas, guardias y policías nos preguntan que para dónde vamos y que cuánto tenemos. En San Cristóbal nos agarraron, dijeron que nos iban a hacer rayos X. Le dije que nos llevaran pero que no andábamos en nada malo, solo huíamos porque la situación nos tiene agobiados”, relató ese migrante mientras descansaba a orillas de la carretera con la familia.

Fuente: El Tiempo

 

 

 





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