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A la cárcel por 29 años dos implicados por la muerte de Ángela Aguirre

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José Alberto Cedeño y José Zorilla fueron sentenciados a 29 años de prisión este miércoles, tras el asesinato de la adolescente Ángela Aguirre. El tribunal juzgó a dos de los siete implicados por la muerte de la joven de 16 años en el estado Bolívar.

Los demás implicados en el caso irán a un proceso de apelación que podría alcanzar varias semanas. Esto sucede después que el juez encargado omitiera los cargos en su contra.

De los siete implicados en el caso, cinco de los imputados deberán permanecer recluidos hasta que finalice el caso.

FAMILIA DE ÁNGELA AGUIRRE CLAMA JUSTICIA AL CUMPLIRSE UN AÑO DEL CRIMEN

El 23 de marzo de 2019, Ángela Aguirre, de 16 años de edad, asistió al cumpleaños de un amigo. La reunión fue en el Club Ítalo de Puerto Ordaz, desde donde ella y otras siete personas; zarparon en la lancha hacia la isla La Terecaya, donde desapareció.

Su cuerpo fue hallado el 26 de marzo en las inmediaciones del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. La primera autopsia indicó que la muerte fue por asfixia mecánica por inmersión. Presentó también lesiones en partes íntimas y hematomas en varias zonas del cuerpo.

Su asesinato conmocionó no solo a Ciudad Guayana, sino a todo el país que se unió en una intensa campaña en redes sociales; para exigir justicia por este femicidio.

Las siete personas que estuvieron con Ángela aquel 23 de marzo: José Alberto Cedeño (18), José Zorrilla (44) Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Joselyn Barreto (18), Dayana Nicieza (28); y Wilmer Díaz (30), están actualmente privados de libertad. Los hombres en la cárcel El Rodeo II y las mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof).

PADRE DE ÁNGELA AGUIRRE HABLÓ SOBRE EL CASO

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía entrevistó a Ángel Aguirre, padre de la víctima. Relató que “desde que el caso fue radicado en la capital (Caracas) se ha llevado a cabo sin contratiempos;  antes de ser decretada la cuarentena (por la pandemia del COVID-19) en el país».

Asimismo señaló que «se realizaba una audiencia a la semana. Pero, como desde el inicio, somos testigos de la corrupción del Ministerio Público. La fiscal Emily Hernández, quien a pesar de haber sido recusada e interpuesta una denuncia en su contra, aún goza del cargo y de la protección del Ministerio Público».

Por último criticó a los funcionarios que inclinan la balanza hacia «el dinero».

Es aberrante contar con ese tipo de funcionarios, quienes inclinan la balanza a favor del dinero y han tratado de demostrar que asesinar es legal; si quien mata tiene el poder suficiente para tener de su lado a la ley.  Pero a pesar de toda esta circunstancia nunca podrán ocultar la verdad; siempre prevalecerá”.

Aguirre relató también que desde entonces perdieron todo tipo de estabilidad. Tuvieron que abandonar su casa y poner en resguardo a sus hijos; ya que su vivienda era continuamente asediada por grupos irregulares armados; y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Hoy enfrentamos el grave problema de traslado y logística para los testigos desde Puerto Ordaz hacia Caracas y viceversa. Es nuestro compromiso ya que queremos alcanzar la justicia por nuestra niña; pero también es cierto que acarrea un gasto que no podemos asumir pero de alguna forma lo haremos; el caso se lleva a cabo en Caracas… allí fue radicado debido a la corrupción existente en Puerto Ordaz”. Añadió Aguirre en entrevista con Codehciu.



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