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En un lapso de 7 días hábiles se sabrá si lo extraditan o no

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Casi una hora duró la audiencia del caso Alex Saab en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, debido a que la defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro insistió en la «inconstitucionalidad» del proceso de extradición, el TC dará a conocer la decisión sobre la extradición a EEUU en un lapso no mayor a 7 días.

Según información del periodista Roberto Deniz quien ha seguido el caso desde el inicio, en la audiencia, la defensa del barranquillero reiteró que se le sigue un proceso inscontitucional porque él es un diplomático y enviado especial del chavismo, pero la Fiscalía de Cabo Verde negó estos argumentos.

«A partir de ahora la decisión final del Tribunal Constitucional se puede conocer en cualquier momento dentro de un plazo máximo de siete días», acotó.

Se conoció que el acusado no estuvo presente en la audiencia.

Estaba previsto que para hoy, el TC, que es la última instancia a la que acudió la defensa de Saab para intentar frenar la extradición a Estados Unidos; decidiera sobre la constitucionalidad de su caso y un recurso de amparo interpuesto por los abogados del señalado.

Álex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en cumplimiento de una petición de EEUU a través de INTERPOL, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano. Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecio al gobierno de Maduro. Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.





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