Podemos afrontará a partir de septiembre un vía crucis en los tribunales. Un juzgado imputó al partido como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula, a los que ha citado a declarar en noviembre, tras recibir una denuncia por supuesta financiación irregular de un antiguo abogado de la organización.
Un revés que se suma a la reactivación del caso Dina en la Audiencia Nacional, donde el mismo letrado comparecerá como testigo. Todo ello, con las tensiones por la monarquía en el Gobierno y la moción de censura de Vox como telón de fondo, recuerda El País.
El último tramo de agosto vaticina un reinicio del curso tormentoso para Podemos. Tendrá que esforzarse para navegar en dos frentes a partir de septiembre: en el político y en el judicial.
Apenas disipadas las últimas tensiones en el Gobierno a raíz de las discrepancias entre los socios de la coalición por la defensa de la monarquía, el partido liderado por Pablo Iglesias se convirtió en la diana de la oposición tras conocerse que el magistrado Juan José Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, citó a declarar como imputados a varios de los miembros de su cúpula. Entre ellos, a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación, director de sus campañas en las dos últimas elecciones generales y hombre muy próximo al actual vicepresidente segundo del Ejecutivo. De hecho, forma parte de su gabinete.
Financiamiento irregular
El magistrado abrió una causa penal tras recibir una denuncia por financiación ilegal de un antiguo abogado de la organización, José Manuel Calvente, que se ha erigido en la bestia negra del partido desde su despido, a finales de 2019.
El letrado, que prestó declaración por videoconferencia el pasado 29 de julio, habla “de cobros bajo mano” y de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados, entre otras presuntas irregularidades.
Así que el instructor, tras escucharlo y estudiar su escrito, puso en marcha toda una batería de pruebas para tratar de dilucidar los hechos. Contra las que Podemos ya ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de tumbar el caso.
El instructor también fijó para septiembre, entre otras comparecencias de testigos, la de Mónica Carmona, una segunda abogada de Podemos despedida en diciembre de 2019. Y para el próximo 20 de noviembre, el plato fuerte: las declaraciones de Olmo; la gerente de Podemos, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y una trabajadora, Andrea Dedoto. Los cuatro, como imputados en un caso donde se investigan delitos de malversación y administración desleal.
Según explican fuentes de la cúpula, Podemos cree que la oposición aprovechará ahora su largo vía crucis judicial para presionar al Psoe con la intención de que Pedro Sánchez expulse a su socio del Gobierno.